Luz verde en Colombia al suicidio médicamente asistido para enfermos

La justicia despenalizó este jueves el suicidio médicamente asistido en Colombia, el primer país en América Latina donde los doctores podrán ayudar a morir a un enfermo sin ir a la cárcel, según determinó el máximo tribunal constitucional. 

 

A diferencia de la eutanasia, que solo puede aplicar un médico y ya es legal en Colombia, el paciente podrá ahora suministrarse un fármaco letal con la supervisión de un doctor.

“El médico que ayuda a quien padece intensos sufrimientos o grave enfermedad y decide libremente disponer de su propia vida, actúa dentro del marco constitucional”, señaló la corte en un fallo difundido este jueves.

Por una votación de seis a tres, la Corte Constitucional derogó un artículo del código penal que castigaba con 12 a 36 meses de prisión a quien asistiera un suicidio, incluso si la persona que decidía morir estaba enferma.

De acuerdo con la Fundación Derecho a Morir Dignamente (DMD), la diferencia entre la eutanasia -legal en Colombia desde 1997- y el suicidio asistido “es, básicamente, quién administra el fármaco”.

“En el caso de la eutanasia es el personal sanitario quien administra el medicamento que provoca la muerte y en el caso del suicidio asistido es el o la paciente quien se autoadministra el medicamento que otra persona le ha proporcionado”, explica la ONG internacional.

A pesar de ser el único país latinoamericano y uno de los pocos en el mundo en despenalizar la eutanasia, la ley colombiana seguía sancionando a quien inducía o prestaba ayuda a una persona que decidía terminar con su vida.

Con el fallo, “la ayuda al suicidio, cuando es llevado a cambio por un médico y se cumplen unos requisitos estrictos, deja de ser un delito”, resumió en la emisora W Radio el abogado Lucas Correa, del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Desclab), que impugnó la ley.

Según el tribunal, esta práctica será permitida solo para personas que bajo “intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable”, las mismas condiciones vigentes para acceder a la eutanasia, que en principio estaba reservada para pacientes terminales pero fue flexibilizada el año pasado por el mismo tribunal.

Quienes incumplan estos requisitos siguen expuestos a penas de hasta nueve años de prisión.

España, Holanda, Bélgica y Luxemburgo también regulan la eutanasia, mientras que Suiza, Austria, Alemania, Italia, Nueva Zelanda y algunos estados de Estados Unidos y de Australia reglamentan el suicidio asistido bajo diferentes condiciones, según datos de la Fundación DMD.

Activistas climáticos obligan a cancelar decenas de vuelos

Activistas del clima irrumpieron el sábado el aeropuerto de Múnich, el segundo más importante de Alemania, y obligaron a cancelar de decenas de vuelos.

La acción terminó con la detención de ocho activistas, dijo la policía a la cadena pública local.

Las dos pistas del aeropuerto están abiertas nuevamente desde las 07H20 hora local (05H20 GMT), pero se espera que las anulaciones continúen en el primer día de un fin de semana largo, en el que habitualmente hay mucho tránsito en Alemania.

La organización ecologista Last Generation, que reivindicó la acción, es conocida por organizar manifestaciones espectaculares -como pegarse a carreteras frecuentadas o echar puré sobre un cuadro de Claude Monet- que dividen a la opinión pública y suscitan respuestas cada vez más duras de las autoridades.

Sus miembros irrumpieron traspasando una valla, lo que provocó la cancelación de 61 despegues y aterrizajes, indicó un portavoz del aeropuerto.

El ministro de Transportes alemán, Volker Wissing, subrayó que no se trata de una “manifestación legítima, sino de una intervención contra el tráfico aéreo”.

Si este último “no es seguro, se pone en peligro a las personas. Hay un riesgo de graves daños económicos y miles de viajeros quedan bloqueados”, indicó.

Por su parte Last Generation acusó en X al gobierno alemán de no hacer lo suficiente para desalentar el uso del avión y sus emisiones de gases perjudiciales para el clima.

“Es absurdo que la gente tenga más posibilidades de pagar vuelos que de viajar en tren”, dijo el grupo.

“La responsabilidad recae en el gobierno que subvenciona los vuelos pero no apoya al sistema de transporte ferroviario”, añadió.

Fuente: AFP

Protesta en Perú por decreto que describe la transexualidad como “trastorno mental”

“No somos enfermos mentales”. Decenas de activistas LGTB se agruparon bajo esta misma consigna para protestar este viernes contra un decreto del gobierno peruano que cataloga la transexualidad como “trastorno mental”.

La norma que enfureció a las organizaciones que defienden la diversidad sexual incorpora una vieja clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Es un decreto que nos retrocede más (de) tres décadas, cuando se ‘descataloguizó’ la homosexualidad desde la OMS (...) No podemos vivir en un país donde nos consideren enfermas o enfermos”, señaló a la AFP Jorge Apolaya, portavoz del Colectivo Marcha del Orgullo Lima.

Unos 200 manifestantes se reunieron frente a la sede del Ministerio de Salud, en Lima, para rechazar la decisión del gobierno de mantener en firme el decreto, pese a las protestas que coincidieron con el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

“Es una normativa que nos violenta (...) nos están colocando como personas enfermas, como si tuvieramos un problema y la identidad de género es todo lo coantrario” sostuvo Áfrika Nakamura, una comunicadora audiovisual de 25 años.

Bajo lemas como “¡No es enfermedad, es diversidad!” y “Somos trans y no somos enfermas, aquí está la resistencia trans”, los manifestantes bloquearon por unas horas la transitada y céntrica avenida donde está el ministerio, sin que se reportaran choques con la policía.

“Reclamamos la derogación porque estigmatiza a las identidades transgénero, no podemos ser catalogadas frente a un diagnóstico patologizante”, dijo a la AFP Maju Carrión, directora de la asociación TRANSformar.

- “Interpretación errónea” -

Un portavoz del Ministerio de Salud justificó la vigencia del decreto, y alegó que su anulación impediría que los afiliados al sistema de salud, sobre todo al privado, accedan a más servicios de salud mental.

“El decreto se va a mantener porque no podemos quitar el derecho de atención”, dijo a la AFP Carlos Alvarado, director de Aseguramiento e Intercambio Prestacional del ministerio.

Según el portavoz oficial, “ha habido una mala lectura y una interpretación errónea” del decreto.

La transexualidad “no es un problema de salud mental y estamos de acuerdo con eso, a tal punto que hay varios documentos del ministerio que lo especifican”, expresó Alvarado.

El decreto actualiza el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), una lista de los beneficios mínimos a los que tiene derecho un afiliado de la salud pública, mixta o privada.

Sin embargo, empleó una antigua clasificación de la OMS, conocida como CIE-10, con la descripción que puso en alerta a los grupos LGBT.

Desde 2022, la organización dejó de caracterizar la transexualidad como un trastorno mental.

Alvarado insistió en que la intención del gobierno fue ampliar la atención en salud mental a tratamientos ambulatorios, siquiátricos, endocrinológicos derivados de la identidad de género, que antes del decreto no eran cubiertos por aseguradoras privadas, principalmente.

“La idea es hacer la transición al CIE-11 lo más rápido posible”, sostuvo Alvarado, sin especificar si esto implicaría la expedición de un nuevo decreto más adelante.

- Consecuencias -

Para los colectivos LGBT, mientras la norma siga vigente, sus miembros están expuestos a “graves consecuencias”, como a las mal llamadas terapias de conversión, que agencias de la ONU equiparan con torturas.

“No hay que olvidar que las terapias reparativas consistían en tratamientos (como) electroshock, baños en hielo”, comentó el portavoz del Colectivo Marcha del Orgullo Lima.

Perú no reconoce el matrimonio ni la unión civil entre homosexuales, ni permite que las personas trans incluyan en sus documentos su identidad de género.

En un artículo publicado en su página web, la ONG Human Rights Watch (HRW) también llamó la atención sobre los efectos de “este decreto sesgado y poco científico”.

“Patologizar de manera oficial a las personas LGBT (...) puede socavar gravemente los esfuerzos por mejorar la protección de los derechos basados en la orientación sexual y la identidad de género”, advierte la organización.

Fuente: AFP

El Vaticano cambia sus reglas sobre fenómenos sobrenaturales o apariciones de vírgenes

El Vaticano actualizó sus reglas sobre los presuntos fenómenos sobrenaturales o apariciones de vírgenes para evitar que perjudiquen a los fieles, según un documento publicado el viernes.

Las nuevas normas, publicadas por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y aprobadas por el papa Francisco, permiten una interpretación más moderada de este tipo de acontecimientos.

“En determinadas circunstancias, no todo es blanco o negro”, dijo en una conferencia de prensa el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, responsable del Dicasterio. “A veces se mezcla una posible reacción divina (...) con pensamientos y fantasías humanas”, afirmó.

Las nuevas reglas actualizan las que existían desde 1978 y orientan a los obispos, que hasta ahora tenían libertad para determinar la autenticidad de las visiones y apariciones.

Según el documento, el Vaticano solo ha “resuelto” seis casos de este tipo desde 1950.

La historia de la Iglesia católica está llena de fenómenos extraños o inexplicables que implican estatuas religiosas u objetos de todo tipo.

Hace dos meses, el Vaticano rechazó como falsos los presuntos milagros de una imagen de la Virgen María en la pequeña ciudad de Trevignano Romano, al noroeste de Roma, que no solo habría llorado sangre sino que habría hecho aumentar el tamaño de las pizzas.